El Gobierno negó tener, hasta el momento, registros de que prófugos del asalto a los tres poderes en Brasilia, en 2023, se encuentren en la Argentina. La respuesta oficial llega luego de que se conociera que la administración brasileña solicitará la extradición de 65 personas que habrían llegado al país tras un supuesto pedido de refugio secreto al gobierno de Javier Milei.

La encargada de desligar a la Casa Rosada de este tipo de operatorias fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien dijo desconocer que parte de los bolsonaristas que irrumpieron en el Congreso para rechazar la victoria de Luiz Inácio “Lula” da Silva hayan penetrado por las fronteras.

“Nosotros todavía no tenemos ninguna información de ese tipo, no tenemos alertas rojas sobre esas personas. Es decir, una cosa es que Brasil las pida y otra es que tengan ya un proceso o una condena, que es el momento en que uno puede pedir una extradición. Es difícil pedir extradición si no hay una causa judicial o si no tienen una alerta de algún tipo que permita que se puedan enviar las personas. Tampoco tenemos el listado”, dijo Bullrich este sábado por la mañana en Radio Mitre.

Incluso, la titular de Seguridad sostuvo que “no tienen confirmado” que estas personas en la mira de la Justicia brasileña hayan siquiera ingresado al país. “Tenemos confirmado que entran brasileros todos los días, pero no quiénes son, cuántos son, qué causas tienen”, dijo con ironía para intentar bajarle el tono al asunto, en medio de la alta sintonía que hay entre Milei y los Bolsonaro.

Asimismo, Bullrich aprovechó para advertir a Brasil que cualquier deportación tiene que venir precedida de pedidos especiales, con intervención de Interpol y bajo el respeto a los acuerdos que hay entre ambos países. “Tiene que tener un marco legal. En este momento, por lo menos al Ministerio de Seguridad, no ha llegado ningún tipo de requerimiento, tampoco de Interpol, ni de personas, ni de nombres ni de listas”, insistió y marcó, contra la gestión de Da Silva: “Por ahora se mantiene como en una propaganda, pero no en un hecho jurídico válido”.

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