“Tras cobrar fuer hipótesis de criminalidad organizada, de resorte claramente federal, vinculadas con la búsqueda del paradero de Loan Peña”, el fiscal federal de Goya, Mariano de Guzmán; y sus colegas Marcelo Colombo y Alejandra Mangano, funcionarios a cargo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), aceptaron la competencia para investigar la desaparición del niño de cinco años, ocurrida el jueves 13 de este mes.

“Debemos señalar que, de las constancias oportunamente acompañadas, habían surgido indicadores que daban cuenta de la necesidad de agotar ciertas vías probatorias y adoptar aquellas medidas que permitan descartar la mayor cantidad de hipótesis criminales posibles. En esa línea, y más allá de la falta de determinación de una concreta hipótesis delictiva federal en el caso, de lo expresado por la jurisdicción declinante resulta innegable que, en el marco de la investigación llevada a cabo, han cobrado fuerza hipótesis relacionadas con la criminalidad organizada, de resorte claramente federal, vinculadas con la búsqueda del paradero de Loan Peña”, sostuvieron los fiscales federales en el dictamen donde aceptaran la competencia del caso.

Ahora, se espera que en las próximas horas, la jueza federal Goya, Cristina Elizabeth Pozzer Penzo, emita una resolución donde formalmente la causa pase al fuero federal. Se descuenta que será así porque la magistrada ayer se reunió con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y con representantes del Comando Unificado de Fuerzas Federales.

Además, personal del juzgado digitalizó de todo el expediente que hasta el lunes pasado se tramitó en el Ministerio Público Fiscal de Corrientes y en el Juzgado de Garantías de Goya, a cargo del magistrado Darío Ortiz.

“La declinatoria dispuesta posibilitará finalmente a esta jurisdicción el acceso a la totalidad de los elementos colectados durante la investigación , de los que se obtuvo copias parciales hasta la fecha 24 de junio, así como la dirección unificada de los recursos federales que se afectaran a la pesquisa provincial, que ahora se declina; evitando la duplicación y/o superposición y/o entorpecimiento de las respectivas investigaciones; todo lo que permite concluir que la postura que se propicia, en definitiva, es la que mejor se aviene con el criterio indiscutido que, en la solución de cuestiones de competencia, debe atenerse a las exigencias de economía”, sostuvieron De Guzmán, Mangano y Colombo en su dictamen, al que tuvo acceso LA NACION.

En el último punto del documento, los representantes del Ministerio Público explicaron que la jueza Cristina Elizabeth Pozzer Penzo deberá requerirle a la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Goya, conducida por el fiscal Castillo, que remita “las actuaciones y soportes probatorios que se encuentren pendientes de envío y, por otra parte, se disponga la formación de un legajo para unificar y simplificar el procesamiento de la información aportada a través de las denuncias recibidas en las líneas habilitadas a tal fin”.